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EEUU debe investigar a Felipe Calderón, debe ir a prisión

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Uno de los avances diplomáticos más importantes que ha hecho la Cuarta Transformación es evidenciar que la violencia del crimen organizado en México es un problema bilateral, que incluye la responsabilidad de Estados Unidos. Nuestro vecino del norte es responsable en especial de dos realidades: el alto consumo de narcóticos que caracteriza a la población estadounidense y la ligereza con la que históricamente ha permitido que los grupos delincuenciales en México obtengan armas.

Sobre el consumo de drogas, el embajador estadounidense, Christopher Landau ha sido claro, al declarar que “Yo creo que nosotros (los estadounidenses) en nuestro lado de la frontera también tenemos muchísimo qué hacer y yo lo reconozco, por eso son retos compartidos. 

Yo reconozco que muchos de los problemas que México está enfrentando con el crimen organizado, son los resultados de nuestra drogadicción.” Es más que claro que los EEUU tienen un serio problema de salud pública respecto al consumo de drogas, basta saber que en promedio, la muerte por sobredosis en ese país es de 63,632 en 2016, según la revista Annals of Internal Medicine Annals of Internal Medicine.

Sobre el no menos importante problema del tráfico de armas en dirección norte-sur, debemos saber que, según cifras dadas por la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana en 2019, el promedio de armas que cruzan nuestra frontera norte para entrar en nuestro territorio es de 200,000 al año.

La parte de la resposabilidad en México es, por supuesto, enorme. Para muestra analizar la corrupción de Genaro García Luna que, según diversas investigaciones periodísticas, entre ellas la de Anabel Hernández, mantuvo una estrecha colaboración con agentes del primer nivel del crimen organizado. Con García Luna siendo juzgado en Estados Unidos, la declaración que hace Roberta Jacobson, embajadora estadounidense en México con Obama.

La embajadora admite que los Estados Unidos conocían la complicidad de Genaro García Luna con los grupos criminales mexicanos, y señala que “el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”. Lo que apuntaría a que Felipe Calderón habría sabido de la colaboración criminal de su gabinete y siendo parte de la misma.

Si a Estados Unidos le interesa colaborar con México para solucionar la violencia y la drogadicción como problemas bilaterales, el poder judicial debe profundizar las investigaciones de las que hoy es sujeto el ex-titular de la SSP calderonista, atendiendo a lo dicho por la embajadora Jacobson, e investigar a todos los funcionarios implicados en la corrupción de los dos lados de la frontera. Eso, por supuesto, debe incluir la investigación penal y juicio del ex-presidente Calderón que, de demostrarse culpable, debe cumplir su sentencia confinado en una celda de máxima seguridad en territorio estadounidense.
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